Analiza la relación entre el trámite de aprobación de contratos que le corresponde a SUPEN y el proceso de contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Concluye que SUPEN tiene el respaldo legal suficiente para requerir a sus supervisados de naturaleza pública el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones. Esto no implica desconocer la validez del proceso de contratación y formalización seguido por la entidad por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas, no obstante, resulta necesario para asegurar la seguridad jurídica que requiere el proceso de aprobación previsto en la Ley de Protección al Trabajador.
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