Menciona que el documento establece las directrices para la identificación y regulación de agentes promotores en el sistema de pensiones. Describe los requisitos que deben cumplir estos agentes, incluyendo la necesidad de obtener credenciales firmadas por las operadoras de pensiones. Explica el proceso de evaluación a través del cual se valorarán sus conocimientos y capacidades, así como las consecuencias de no aprobar estas evaluaciones. Indica que las operadoras deben custodiar la documentación de los agentes y mantenerla actualizada para la Superintendencia. Finalmente, establece el plazo y el procedimiento para impugnar los resultados de las evaluaciones.
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