• No lo postergue

    Al 2016 solo el 2,4% de los trabajadores aporta a un plan de pensión voluntaria. Si usted no ha contratado uno, es tiempo de hacerlo.

  • ¿Lo sabía?

    Si toma un plan de pensión voluntaria puede exonerar de su salario parte del impuesto sobre la renta y cargas sociales.

  • Menos OPC

    Entre el año 2000 y el 2014, la cantidad de Operadoras de Pensiones Complementarias pasó de 10 a 6.

  • Similares

    Uruguay y Panamá son algunos de los países latinoamericanos con un sistema de pensiones similar al costarricense.

  • Protección

    Recuerde que el dinero acumulado en el FCL corresponde a parte del auxilio de cesantía. Si decide retirar ese dinero, siempre valore ese detalle.

  • Al tanto

    Revise constantemente su orden patronal digital y verifique que su cédula, patrono y aportes sean los que corresponden. Caso contrario, acuda a la CCSS.

  • El más grande

    El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es el más grande del país: a diciembre del 2016 tenía 1.306.544 trabajadores afiliados y 233.712 pensionados.

  • Proyección

    Para el año 2050, el porcentaje de adultos mayores que no podrán financiarse una pensión contributiva adecuada llegaría al 40%, según cálculos del BID.

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Aprueban reforma a pensiones judiciales

Este jueves, 34 diputados dieron segundo debate a la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial, con lo que aseguran se podrá dar equilibrio a uno de los sistemas de jubilaciones que corre el riesgo de quiebra, según los últimos estudios actuariales.

Tras superar su paso por la Asamblea Legislativa, ahora será el presidente Solís quien deba firmarla y convertirla en Ley de la República. 

La reforma se basa en el informe actuarial que elaboró el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y que fue pagado por la Corte.  El estudio reflejó un déficit proyectado de ¢5,3 billones, si no existían cambios. Aunque los gremios judiciales siempre refutaron estas proyecciones e insisten que no hay peligro de quiebra.

Alrededor de año y medio tardaron los legisladores en darle forma al proyecto, en medio de los reclamos de los trabajadores judiciales, pues aseguran se irrespetó el acuerdo inicial, al no tomar como base del proyecto el texto que ellos propusieron.

Esto llevó incluso a una huelga de 13 días el año pasado, que luego se declaró ilegal; no obstante, hoy en las primeras reacciones tras su aprobación final, vuelve a cobrar fuerza.

El primer indicio de esta alternativa fue la decisión de sumarse al paro que han propuesto otros sindicatos el próximo 25 de abril.

 

EN CONTRA

 

La fracción del Frente Amplio (FA) fue la única en votar en contra de la iniciativa, aunque se sumaron el diputado oficialista Marvin Atencio y Ronald Calvo, de Liberación Nacional. El diputado Edgardo Araya y Jorge Arguedas lamentaron que la presidenta a.i. del Congreso, la libertaria Natalia Díaz, y el acuerdo del resto de las fracciones no les permitió esperar la consulta adicional a la Sala IV sobre la reforma.

Precisamente, fue el pasado 12 de abril, cuando los magistrados finalmente se pronuncian sobre el proyecto, y en una votación dividida 4 a 3, resolvieron que no había vicios de inconstitucionalidad en la misma.

"Que quede claro que no estamos contra las pensiones de lujo, pero tampoco con las pensiones de hambre, como las que se quieren aprobar aquí", dijo Araya.  

 

CAMBIOS

 

La reforma incluye una serie de modificaciones que impactan a los actuales empleados judiciales e incluso a los ya pensionados, como la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.

Entre los principales cambios (ver recuadro) se encuentra el aumento para la edad de pensión a los 65 años para los trabajadores judiciales. Anteriormente las mujeres podían jubilarse a los 60 años y los hombres a los 62.

Otro cambio es el aporte de los trabajadores que pasa de un 11% a un 13%, además de un tope de pensión establecido en 10 salarios base, (alrededor de ¢4 millones) y una contribución solidaria que sobrepase el tope y que se aplica de manera escalonada entre un 35% y hasta un 55%.  

Se crea además una junta administradora que estará integrada por tres miembros de la Corte y tres del colectivo sindical.

En este punto hubo discrepancia entre los diputados, ya que para algunos era imperante que hubiera personas ajenas al Poder Judicial en dicha junta. 

Finalmente, se acordó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Pensiones (Supen) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) supervisen y regulen el trabajo de la junta administradora.

En el caso de las inversiones, se aprobó que el fondo puede invertir recursos siempre bajo la supervisión de las entidades mencionadas.

Estas inversiones se harían en dos vías, un 25% para préstamos por entidades autorizadas y un 30% para inversión general, también reguladas.  Sobre los cambios que pueda realizar la junta administradora, se acordó que se hagan vía reglamento, pero para ser ratificados deberán ser aprobados por la Supen, Conassif y Sugef.

 

HUELGA

 

Los gremios judiciales insistirán ahora con recursos legales para traerse abajo la inminente ley. 

Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), explicó que lo que les queda son las acciones de inconstitucionalidad y eventualmente la vía contenciosa administrativa.

"Nosotros quedamos con un sinsabor de boca con la resolución de la Sala IV, no es normal que tres magistrados titulares tengan una tesis y que tres tengan otra tesis opuesta y un asunto país lo decida un magistrado suplente", indicó.

Álvaro Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), fue más contundente y dijo que en su opinión los 22 gremios del Poder Judicial deben movilizarse a una huelga, luego de una decisión para él a todas luces nefasta de la mayoría de los legisladores.

De acuerdo con Rodríguez, hay un gran sentimiento de frustración de la incapacidad de la mayoría de los legisladores que no quisieron escucharlos y que tomaron como verdad lo que consideran fue un estudio errado de la UCR.

Incluso no creen que haya posibilidad de que el presidente Solís vete la ley, ya que nunca fueron escuchados por Casa Presidencial. 

Los gremios insisten que con esta reforma se afecta la futura pensión de 13 mil funcionarios activos y 3 mil ya jubilados.

 

REACCIONES

 

Jorge Morales

Sindijud

"Esto es parte de una corriente neoliberal, ciertamente la opinión pública estaba un poco volcada en contra del Poder Judicial porque nos han catalogado de privilegiados, pero en realidad esto es un primer paso para el desmantelamiento de los sistemas solidarios de pensiones y eso es una agenda que no solo pasa aquí".

 

• Álvaro Rodríguez

ANIC

"Lo que haya que hacer lo haremos. En mi criterio y lo que voy a proponer es que ahora más que nunca si este país debe caer en esa situación, (una huelga del Poder Judicial), lo vamos a hacer, porque el robo que están haciendo es demasiado y no es razonable". 

 

• Sandra Piszk

PLN

"Este es el cuarto proyecto que asumimos para acabar con las pensiones de lujo. Esta ley incluso aplica una contribución solidaria a los pensionados judiciales que reciban hoy más de ¢4 millones y en términos de los números, todo lo aprobado corresponde a estudios de la UCR, no fue algo que hayamos creado nosotros".

 

• Marcela Guerrero

PAC

"Esto es un logro de esta Asamblea Legislativa y cerramos así un proceso largo que el país estaba esperando".

 

• Natalia Díaz

ML

 

"Es una reforma trascendental, es nuestro legado como diputados al manejo responsable de las finanzas públicas y es tal vez el proyecto más importante que hayamos aprobado en esto s cuatro años".


Fuente: www.diarioextra.com



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Misión: Promover pensiones dignas.

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Última actualización: 17 de octubre de 2018
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