A partir del 1 de abril, las operadoras de pensiones deberán remitir su programación de compras y ventas de dólares a la Superintendencia de Pensiones (Supen) y al Banco Central de Costa Rica (BCCR), con el fin de que ambas entidades conozcan de antemano “el tamaño de su demanda de divisas y la SUPEN pueda ejercer sus funciones de supervisión de riesgos del sistema”, confirmó el BCCR a UNIVERSIDAD.

En el caso de este banco, la información que recibirá será de forma agregada, es decir, las cifras globales y no el detalle.

Lo anterior quedó establecido en las “Disposiciones Relativas a la Planificación de las Compras y Ventas de Dólares por parte de las Entidades Reguladas y Deberes de Información a la Superintendencia de Pensiones”, emitidas por la Supen.

Además, el 28 de febrero se aprobaron cambios al Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado (ROCC) que habían estado en consulta por varios meses. 

“Una vez que entren en vigencia las modificaciones al Reglamento, los intermediarios cambiarios no podrán vender en sus ventanillas dólares a las entidades que administran fondos de terceros de mayor tamaño, entre ellas las operadoras de pensiones, solo podrán efectuar transacciones de compra y venta de divisas en Monex,”, dijo el BCCR. 

Monex es el mercado de divisas organizado por el esta entidad y el reglamento reformado comenzará a regir a partir del 28 de marzo próximo.

Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, aclaró que “la nueva regulación no implica ningún tipo de límite a las compras que realicen las entidades que administran fondos de terceros, sino únicamente en la plaza en que deben hacerlo”. 

“Los recientes cambios en el ROCC no limitan la cantidad de dólares que pueden comprar las operadoras de pensiones ni afectan sus estrategias de inversión. Por el contrario, al participar en el Monex para adquirir las divisas que requieran, podrán reducir costos de intermediación cambiaria y además contribuir a la profundización del mercado cambiario y a un mejor proceso de formación de precios en ese mercado. Ello debería ser beneficioso para las operadoras de pensiones y sus afiliados, y también para todo el país”, añadió.

En octubre del año pasado, durante la presentación del Informe de Política Monetaria, Cubero, expresó la necesidad de establecer un diálogo con el fin de coordinar “de manera gradual y ordenada” la creciente compra de divisas por parte de las administradoras de fondos de pensiones, de modo que no ejerzan una presión excesiva sobre el tipo de cambio.

En ese momento, el funcionario enfatizó que ese diálogo era más necesario porque el precio del dólar subía dado que “el mercado cambiario enfrenta sequía, como típicamente en estos meses”.

El Informe de Política Monetaria ilustraba que, entre enero y mayo del 2021 el superávit de dólares en ventanillas era de US $1.087 millones -alrededor del 60% del total registrado en el año-, pero que de junio a octubre el comportamiento cambió y la reducción del superávit de dólares en ventanilla “superó lo históricamente observado”. 

El promedio diario pasó de US $10,6 millones en el primer lapso a US $6,8 millones en el segundo, para una reducción de casi US $4 millones por día, mientras que para el periodo 2016-2020 la reducción observada entre ambos periodos había sido de aproximadamente US $2,2 millones por día. 

“Este comportamiento en ventanillas refleja el aumento en la cantidad demandada de divisas por parte del sector privado”, pero principalmente de los ahogantes institucionales, “en particular, de las operadoras de fondos de pensiones que, por razones de diversificación, han decidido aumentar su tenencia de activos en moneda extranjera”, decía aquel informe del BCCR. 

Y, según la Supen, el aumento en ese saldo fue de US $745,5 millones en los primeros nueve meses del 2021, cuando en el mismo período durante los años 2016-2020 la cartera en dólares de las administradoras aumentó US $516,0 millones en promedio.

La Supen, por su parte, aclaró entonces a las operadoras que la Ley de Protección al Trabajador y el Reglamento de Gestión de Activos asignan a sus propias juntas directivas efectuar la planificación de las inversiones, definir la asignación de los activos y aprobar la política de las inversiones que administran. 

Incluso pueden ampliar el límite de inversión en mercados internacionales de un 25% a un 50%, sin que para ello requieran de la autorización de la Supen.

 
Y eso fue lo que hicieron. De allí que la demanda de divisas por parte de estas entidades generara un dolor de cabeza al BCCR, el cual, con las reformas actuales, se acabaría.